“Otorgar minas a las gobernaciones es inconstitucional e ilegal”

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El pasado martes 15 de octubre, Nicolás Maduro anunció, en cadena nacional de radio y televisión, que entregaría una mina de oro a cada gobernación para que a través de ellas cada jurisdicción obtenga el presupuesto.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro afirma que el anuncio que hizo Maduro el pasado 15 de octubre “fue simplemente a la ligera, nefasto y obviando la regulación nacional y de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y de la Ley de Minas”.

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Haro detalla que debido a que “de manera irresponsable, se compromete un bien de la República, se debe señalar como una medida inconstitucional e ilegal porque son bienes del dominio público”. Advierte que para que puedan ser traspasados a cada gobernación tiene que cumplirse una serie de requisitos e incluso realizarse reformas legales que no se han hecho.

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El artículo 12 de la Constitución venezolana establece: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”.

Haro enfatiza que la carta magna no se refiere a estados ni municipios, sino que es un bien nacional.

Señala que la Ley de Minas exige que la persona jurídica pública o privada tenga capacidad desde el punto de vista financiero y técnico de explotar una mina, “Nicolás Maduro no puede elegir a quién se le entrega porque una mina es un asunto complejo tanto como lo es un yacimiento petrolero”, recalca.

Explica que para tomar esta medida hay que establecer regulaciones en la Ley Orgánica, realizar estudios para comprobar que la gobernación está en capacidad de explotar la mina y cumplir con regulaciones, incluso ambientales, para garantizar que esta medida no tenga un impacto negativo y no cause más daño del que ya está causando la explotación minera en Venezuela.

Afirma que en Venezuela “no hay antecedentes de una medida como esta, pero de realizarse no podría hacerse como la está haciendo Maduro”.

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